El gobierno de los Estados Unidos (EEUU) sancionó a tres funcionarios del gobierno de Daniel Ortega enviando el mensaje directo de que hace falta implementar reformas políticas para enrrumbar a Nicaragua en la democracia, valoraron miembros de la Alianza Cívica y ex presos políticos.

Ramón Antonio Avellán, subdirector de la Policía Nacional, Lumberto Ignacio Campbell Hooker, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) y Roberto José López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), son los nuevos castigados por el gobierno norteamericano.

Pero “la sanción a Campbell tiene una particularidad, un mensaje que va más allá de la persona. El CSE no ha actuado como un poder independiente, transparente, su reconocimiento y operatividad están seriamente afectados”, expresó José Pallais, miembro del Consejo Directivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

La “justificada” sanción a Campbell es, además, “una expresión política de la necesidad de cambios profundos en el CSE, es el mensaje político más fuerte de las sanciones”, valoró Pallais.

En diciembre del 2017 fue incluido en esa lista el entonces presidente del CSE Roberto Rivas y para mantenerlo en el cargo, La Asamblea Nacional- con la mayoría sandinista- reformó la Ley Electoral transfiriendo las funciones del presidente del CSE, tales como la administración y representación legal, al vicepresidente que hasta hoy es Campbell.